¿Utopía del sistema democrático?

¿Lo acordado en la Habana podrá garantizar la participación de las FARC en el sistema político colombiano y mejorar la participación política de la ciudadanía?

Presidente Juan Manuel Santos y Timochenko

Uno de los mayores problemas que se sufre dentro de la República de Colombia es la poca garantía que se le brindan a la oposición política para ejercer sus derechos. Este tema ha sido tratado a través de las décadas con el objetivo de reforzar los mecanismos institucionales para su protección, y hoy en día es un tema en discusión en la mesa de negociaciones FARC-Gobierno en Cuba. El presente escrito pretende responder a la siguiente pregunta ¿Lo acordado en la Habana podrá garantizar la participación de las FARC en el sistema político colombiano y mejorar la participación política de la ciudadanía?

La Nación colombiana posee –como todos los países en el mundo- una cultura política sin igual, caracterizada por ser forjada a través de los conflictos armados. Primero, la guerra de independencia; segundo, el periodo de la patria boba; tercero, la guerra de los mil días; cuarto, el conflicto armado que hoy se vive. La continuidad de la violencia dentro del territorio ha dejado rezagos de conflictos ideológicos no solo en las clases políticas sino en la población civil. Estos rezagos terminan siendo la causa de una polaridad que con el tiempo ha llegado a ser más notoria por una razón principal: las guerrillas de izquierda.

El fenómeno socialista del siglo XXI que se tomó Latinoamérica desde la subida de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, no logró hacer que un presidente de izquierda llegase al poder. Esto es solo una pequeña muestra del total rechazo hacia los pensamientos que promulguen la igualdad social, intervención estatal en el mercado, políticas sociales, etc… lo que muchas veces la gente no comprende a fondo, pero sí sabe lo que ha significado para el país este tipo de discursos y se produce un rechazo instantáneo. No obstante, cuando ese rechazo comienza a ser expresado a través de la violencia, las instituciones deben ser fuertes para proteger pensamientos que contradicen los del gobierno desde espacios democráticos.

El final del siglo XX en Colombia fue marcado por la violencia contra la oposición política con el asesinato masivo de activistas políticos, principalmente pertenecientes al partido de la Unión Patriótica, formado principalmente por los guerrilleros desmovilizados luego de los diálogos de paz entre este grupo subversivo y el gobierno de Belisario Betancourt. Ahora bien, a pesar del asesinato del asesinato de “2 Candidatos a la Presidencia de la República, 7 Congresistas, 13 Diputados, 11 Alcaldes, 69 Concejales y más de 3.000 Dirigentes y Militantes de Base, más de 1.000 Desaparecidos” (Justicia y paz Colombia, 2005), entre otros crímenes de lesa humanidad contra la oposición, el gobierno no ha reaccionado de manera eficiente para lograr dar una protección oportuna a la oposición con garantías.

En la Asamblea Constitucional desarrollada en 1991, uno de los objetivos era conciliar con los grupos que habían sido históricamente discriminados y dejados fuera del proyecto de país. Se intentó realizar una nueva constitución bajo la sombra de una unidad nacional heterogénea. No obstante, solo hubo un artículo vinculado con la oposición, y este deja mucho que desear. Aida Avella, presidente actual de la UP afirmo: “En ningún país del mundo (…) se hubiera podido dar un genocidio político como el de la UP sin la colaboración de la institucionalidad. Los genocidios son programados, tienen una serie de espacios ya preparados, incluso, el de la impunidad” (Avella, 2014), esta afirmación más de dos décadas luego de creada la Constitución.

El artículo 112, el cual hace parte del capítulo III de la Constitución titulado “Del estatuto de la oposición” resulta ser mediocre para encerrar un problema tan amplio y voraz como lo era y es la violencia y falta de garantías contra la oposición política en la Nación. Se lee en la Carta Magna que los partidos de oposición “podrán ejercer libremente la función crítica frente a este (el Gobierno), y plantear y desarrollar alternativas políticas (…)” (Constitución Política de Colombia, 1991), esto seguido de los derechos a los cuales tienen acceso por su posición frente al Gobierno. Sin embargo, al seguir leyendo las diez líneas del artículo, queda claro que no se hace alusión a las medidas que se tomarán para el cumplimiento de estos derechos, ¿Qué instituciones harán un seguimiento? ¿Qué garantías se tiene del cumplimiento de estos derechos?

Dentro de un país como Colombia, que ha tenido –como bien queda plasmado en la constitución- múltiples razas, idiomas y culturas, no es fácil entender por qué aún se da la discriminación y violencia por la diferencia. No obstante, tampoco es un trabajo imposible de hacer, la institucionalidad colombiana es débil no solo por su estructuración sino por la corrupción con la que es invadida a causa de la misma debilidad institucional, un ciclo sin fin. Los gobiernos que siguieron luego del 91, tuvieron que lidiar con el hecho de que aquella paz que se pensó llegaría, solo fue una esperanza en vano y el conflicto continúo.

En vez de luchar en contra de los atropellos que sucedieron en contra de la oposición, esta fue vista como un enemigo dentro del conflicto que debía ser exterminado. No existe democracia verdadera si no hay respeto por la oposición política, porque es esta la que permite que hayan espacios de debate público, “cuando se ha legislado sobre el tema o se han tomado medidas relacionadas con sus contenidos, ha sido para restringir y no para ampliar las posibilidades de la oposición”(Novoa, 2010). Pero hoy en día, en la mesa de la Habana se está desarrollando como un punto importante la participación política de un grupo guerrillero de izquierda, el fortalecimiento de las garantías para la oposición.

La principal preocupación en este punto es el desarrollo de las elecciones populares, donde constantemente se dan atropellos contra los procedimientos a causa de amenazas a la población civil y corrupción por parte de los políticos. Esto resulta ser problemático en primera instancia porque no permite que la ciudadanía participe de forma libre y segura en el marco de la democracia, por otro lado porque no brinda garantías a los partidos pequeños de alcanzar el umbral del 3% por ser los partidos con dinero y poder quienes manejan el sufragio. Por esto, uno de los puntos más importantes que se leen en uno de los borradores del acuerdo es una colaboración mutua para “la promoción tanto del pluralismo político como de las organizaciones y movimientos sociales y, en general, del debate democrático (…) de esta manera la participación ciudadana se convierte en un verdadero complemento (…)” (Gobierno Nacional y FARC-AP, 2013: 2)

Otra característica que poseen los borradores que se han desarrollado es el compromiso del Gobierno con la inserción de los guerrilleros desmovilizados en la vida pública, en elecciones democráticas. En este punto hay que señalar un hecho y es el de que las reglas democráticas deben ser igual para todos, más aun teniendo en cuenta que en el ámbito colombiano, las FARC no serían el único actor que hace oposición política. Entonces, ¿Lograría este grupo insurgente alcanzar el umbral para tener representación política? Porque terminaría siendo un problema con consecuencias no medibles si el Gobierno intercede por ellos de alguna manera para regalarles ese umbral, se perdería el sentido de la democracia.

Para pasar a la conclusión de este escrito y brindar una respuesta sobre las preguntas expuestas en el inicio, debe aclararse que no solo existe una oposición de izquierda en el panorama colombiano, más que todo ahora que los diálogos se están desarrollando y algunos partidos se han ido alejando de la Unidad elaborada por Juan Manuel Santos al inicio de su mandato. No obstante, no es posible afirmar de manera concreta que haya una persecución política en contra de estos partidos que se encuentran haciendo oposición a los acuerdos. La persecución violenta ha sido en general hacia líderes de izquierda muchas veces solo por su ideología más que por sus acciones como oposición.

En conclusión, respondiendo la pregunta inicial respecto a si lo acordado en la Habana podrá garantizar la participación de las FARC en el sistema político colombiano y mejorar la participación política de la ciudadanía hay que responder que no. El hecho de que en la Habana se estén realizando acuerdos en torno a las garantías para la oposición política, no es per se una razón para afirmar que las FARC tendrán una participación justa dentro de la ley del sistema democrático. Primero, porque ya se han realizado acuerdos en el pasado los cuales no terminan adaptándose a la realidad por la poca efectividad del Estado para tener una institucionalidad sólida. Segundo, porque las FARC no son el único actor armado dentro de este conflicto, lo cual deja a la suerte si el Estado podrá proteger a la ciudadanía durante su participación electoral o debates públicos.

La democracia en un país como Colombia no se adapta a su cultura política, siempre se ha intentado forzar a las instituciones a adaptarse al sistema en vez de adaptar el sistema a las instituciones. Un Estado como el colombiano, que no posee presencia en todo el territorio nacional, que ha permitido que en distintas partes de la Nación la ley no sea la impuesta por la Constitución sino por la ilegalidad, no puede garantizar protección a la oposición política porque ni siquiera puede garantizarla al ciudadano del común. Es necesario realizar cambios estructurales, fortalecer el Estado, tener más presencia, manejar el monopolio de la fuerza para poder garantizar con toda seguridad que las acciones democráticas pueden ser desarrolladas en libertad.

Bibliografía

· Borrador conjunto mesa de negociaciones de la Habana. (2013, noviembre 6). Consultado en mayo 23, 2016, en https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/Borrador Conjunto - Participaci_n Pol_tica.pdf

· Castro, D. (n.d.). Análisis de la postura de la oposición política respecto a la discusión del estatuto de la oposición en Colombia. Estudio de caso: polo democrático alternativo (2006-2012). Universidad del Rosario (Bogotá)

· Castro, J. (n.d.). Constitución Política de Colombia. Bogotá: Universidad del Rosario.

· Elecciones 2014 en Colombia: Sin garantías para la oposición. (n.d.). Consultado el 22 de mayo, 2016, en http://www.canalcapital.gov.co/blogs/elecciones-2014-en-colombia-sin-garantias-para-la-oposicion/

· Garcia, A. (2010, August 23). La hora cero de la oposición.Consultado el 21 de mayo, 2016, en http://razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/1309-la-hora-cero-de-la-oposicion.html#_ftn4

· Genocidio de la Unión Patriotica. (2005, June 10).Consultado el 23 de mayo, 2016, en http://justiciaypazcolombia.com/GENOCIDIO-DE-LA-UNION-PATRIOTICA